Por Álvaro José Benedetti A.
Una lectura práctica del estado de cosas nos diría que no habría opción más lejana a la solución del conflicto armado interno que profundizar el capitalismo, la competitividad empresarial y animar la generación de mecanismos de riqueza en los territorios. Podría ser verdad si consideramos que para muchos –como aseguran algunos miembros de la Comisión de Memoria Histórica y de Víctimas en el informe que recientemente presentaron al país- la desventura violenta del país surge por la imposición de un orden capitalista y la consecuente reproducción de una dialéctica materialista en todo su esplendor.
Por lo anterior y el sinnúmero de razones que impulsan el desarrollo económico del país, creo que el debate más serio que nos debe ocupar es cuál será nuestro futuro en el denominado posconflicto. ¡Sí!, cuando se acabe el conflicto. Al menos el conflicto contra las ‘abominables’ FARC, con quienes hasta el momento se ha avanzó significativamente en las negociaciones, muy a pesar de los reparos e interrogantes que dicho proceso suscita.
¿Por qué el posconflicto? Uno, para saber qué se podrán a hacer los desmovilizados de la guerrilla una vez se sentencie el fin de las hostilidades; dos, para dar continuidad al desarrollo de los cinco ¡importantísimos! acuerdos que seguramente se pactarán en La Habana, sobre los cuales hay dos cuyo desenlace es parcialmente incierto; y tres, para evitar recaer en los sinfines de la guerra que sin lugar a dudas condicionan la prosperidad de los territorios.
Cómo se logrará lo anterior si damos por hecho que nuestras instituciones no renunciarán a continuar apostándole al modelo capitalista, al discurso de competitividad asociado al desarrollo económico y social de la Nación, los departamentos y municipios, y el creciente poder de las empresas privadas en la vida pública, a veces por encima de las competencias del Estado.
¿Cómo lograrlo? Si la pobreza asociada a la variable ingresos es notable, así como la escasa oportunidad de acceder a oportunidades sociales en gran parte del territorio nacional y la presencia de altos flujos de movilidad social, se inscriben en gran medida por los avatares de tal esquema de distribución.
Personalmente creo que como todo en la vida, pero sobre todo pensando en el país, este tipo de contrastes deben verse bajo la metáfora del ‘vaso medio lleno’. Y como creo además, que nunca es tarde, la cosa la veo relativamente simple. Esperaré poder dar crédito de tal simpleza.
Tanto en Colombia, como probablemente todos los países en vías de desarrollo, se enfrentan restricciones financieras para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de todos los servicios básicos. En lo particular, este ‘mal habido’ nuestra democracia representa una inmejorable oportunidad para que el sector real complemente los esfuerzos del (los) gobierno (s) en términos de mejorar el acceso de la población a servicios públicos, financieros, electricidad, agua y saneamiento, salud, educación, etc.
Una gran oportunidad probada con éxito en cientos de lugares en el mundo y que se presenta hoy a favor de las empresas privadas, los gobiernos locales y regionales y, ciertamente, más allá de lo que crea o no la guerrilla, será unir las esquinas de la ‘triada’ compuesta por las asociaciones público privadas (APP), la responsabilidad social empresarial (RSE) y el desarrollo territorial.
¿Cómo lograrlo?
Una forma relativamente sencilla, resultaría explorando el nuevo marco general de la ley 1508 de 2012, mediante el cual se dan guías hacia una institucionalidad para proyectos públicos y privados o APP. Con esta Ley se crean las condiciones para que el capital privado participe de la ejecución de proyectos de orden territorial y en políticas sociales, no solamente para infraestructura de transporte como ya se viene realizando, sino también, ¿y por qué no?, en colegios, hospitales, cárceles y varios sectores más.
Las APP además, permiten proveer y mantener en el largo plazo infraestructura pública para ofrecer servicios adecuados a los ciudadanos. Todo un universo de posibilidades bajo un presupuesto mínimo de gestión territorial que es el de hacer bien la tarea, cumplir con las promesas de campaña, y si no, garantizar servicios públicos con eficiencia y eficacia tal y como la Constitución y las leyes lo ordenan.
La importancia de los diferentes planes, programas y proyectos de orden territorial, que cada cuatrienio los gobernadores y alcaldes, junto con sus equipos de gestión, estructuran en los planes de desarrollo son el escenario perfecto para que las empresas encuentren por medio las APP y con una visión estratégica de mediano y largo plazo, las oportunidades de contribuir con soluciones a las necesidades de los diferentes lugares donde operan.
Para lograrlo, es preciso que las empresas privadas trabajen de la mano de las autoridades locales encontrando oportunidades de negocio en beneficio suyo y contribuyendo al desarrollo local y regional. Esto además permitiría aliviar, al menos, dos grandes limitantes estructurales de gobernabilidad en las distintas entidades territoriales: a) la probada incapacidad técnica para gestionar y ejecutar recursos y proyectos de forma eficiente, y b) paliar, aliviar un poco las hondas restricciones presupuestales, debidas en gran parte a lo primero.
Este panorama, además, debe invitar a las empresas a que superen la típica visión de la RSE como “valor agregado social”; la de la ética del obsequio y que se inspira en valores filantrópicos, altruistas y de solidaridad. Para algunos teóricos, como el gurú de la competitividad Michael Porter (2011), una nueva mirada empresarial sobre la responsabilidad social es la que debe incluirse de forma y fondo en el modelo de negocio, creando “valor compartido”, y transformando positivamente lo social y lo ambiental de los entornos en los cuales se opera.
Y claro, naturalmente, descifrando por delante la ecuación ‘costo-efectividad-utilidad’, pues también es claro que el lenguaje de la inmensa mayoría de los empresarios no es propiamente social, sino por el contrario enfocado al crecimiento, la productividad y cuán competitivas resultan sus estrategias. ¡Para eso son buenas las empresas!
El debate está planteado hace tiempo. Mientras algunos empresarios aún opinan como Friedman (1970), que las responsabilidades discrecionales (sociales) aumentan los costos de operación innecesariamente y por ende afectan el correcto desarrollo de la empresa, otra gran cantidad, y también desde hace varios años, aseguran que estas acciones permiten reducir riesgos, ganar diferenciación en el mercado, mejorar la reputación y la credibilidad; es decir, obtener en escala ventas, utilidades y competitividad. La lógica interna del “gana-gana”.
Por cierto, nada diferente a las aspiraciones de una autoridad política, de quienes siempre escucharemos apuestas de gobierno para superar indicadores económicos y de competitividad como sus principales derroteros de gestión y como principales caminos para el desarrollo de eficientes políticas sociales. Con una apuesta por el “gana-gana”, por encima de los intereses de la empresa, será posible ver algún día en la gestión pública colombiana una visión de modelo de negocio que incluya retos y objetivos, en donde estos se prioricen mediante iniciativas y proyectos que puedan implementar.
¿Podrían entonces los gobernantes nacionales hacer frente a los retos del posconflicto logrando alianzas estratégicas con las empresas privadas?
Si vemos este asunto desde la conveniencia entonces tenemos que al empresario le interesa generar excedentes de capital y, eventualmente promover responsabilidad social desde su empresa como estrategia de mercado. Le interesa además, que el entorno en que opera esté asegurado contra conflictos que afecten el correcto desempeño de su organización. Al mandatorio local, por su parte, le interesa cumplir sus promesas y sacar adelante su plan desarrollo. Cumplir con su mandato. Será un asunto pendiente, revisar que tan bien quedó hecho el plan y sus alcances y si promueve una visión estratégica del territorio.
A ambos les interesa promover un entorno de seguridad económica, jurídica, pero sobre todo humana donde, en virtud de la satisfacción individual y colectiva, la legitimidad sobre las instituciones (públicas y privadas), y las garantías sociales de que gocen los ciudadanos, existan certezas sobre una verdadera construcción de paz en los territorios.
Después de la oportunidad, el reto por delante será lograr que la quimérica relación público-privado, en este marco de grandes acuerdos nacionales, se construya sobre la base de proyectos y reglas de juego claras. Donde se edifiquen esquemas de colaboración, confianza y capital social, donde las normas prescriban pautas de confianza y las acciones las refrenden. Dónde se comprendan y concierten las necesidades apremiantes de cada territorio y se emprendan proyectos de largo plazo, independiente de la naturaleza del gobierno local.
Esta reflexión resulta siendo una loable invitación que los empresarios del país asuman con decisión un liderazgo positivo del desarrollo territorial. Más allá de La Habana o nuevos procesos de paz, otro reto para las empresas y autoridades locales, que operan en contextos sociales de conflicto violento, posconflicto o inseguridad, es que decidir sobre su contribución o a mejorar o empeorar las condiciones que prolongan la violencia, pero también a que pueden contribuir a la construcción de la paz.
Si el sector empresarial asume su papel político, si acepta el reto de ser un ciudadano activo y participativo e interioriza en sus prácticas la justicia social, sin duda alguna sus aportes para la gobernabilidad de Colombia serán más significativos, y en consecuencia las lógicas del desarrollo nacional pueden tomar un rumbo de inclusión y mejores prácticas sociales.