Por Luz B. Jiménez/Pablo Borrero
Con la aprobación de la ley en que se fundamenta el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno del presidente Santos tendrá vía libre para introducir una serie de cambios en diversas materias de la política económica, social, agraria, ambiental, minero-energética y en cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual, la creación de un tercer canal, otorgamiento de licencias ambientales, transformación de la institucionalidad agropecuaria, además de la imposición de nuevos impuestos, sobretasas, tarifas que deben pagar los ciudadanos como parte esencial de un “plan ambicioso, reformista que abarca gran cantidad de temas, encaminados a buscar el bienestar de los colombianos a través de un mayor desarrollo”, según palabras del jefe de planeación nacional Simón Gaviria.
Dicho plan gira alrededor de seis ejes temáticos relacionados con: la competitividad y el desarrollo de la infraestructura dirigida a la construcción de las obras viales de cuarta generación, que se ejecutarán a través de las nuevas concesiones y alianzas publico privadas APP convertidas en nichos de corrupción y clientelismo político; la movilidad social, orientada a reducir la pobreza y la desigualdad social aplicando las mismas políticas asistencialistas y populistas en favor de los sectores mas deprimidos de la sociedad; la transformación del campo con miras a garantizar la seguridad jurídica de los grandes propietarios de tierras y mayor presencia e intervención del capital financiero nacional e internacional; la seguridad, justicia y democracia para el servicio de los intereses de la clase económica y políticamente dominante y finalmente el buen gobierno y el crecimiento verde, con lo cual se afianzará la tecnocracia y el autoritarismo que cunde en todas las instancias del poder estatal.
Aunque se afirma que el mencionado plan 2014-2018 por un valor de 703.9 billones de pesos se encuentra formalmente financiado, su sostenibilidad y materialización no parecen tener una base sólida desde el punto de vista económico y financiero. Por otra parte conviene traer a colación el diagnóstico que hacen Fedesarrollo y la ANDI sobre el real crecimiento a la baja de la economía nacional para los próximos años, complementada con el dictamen de las calificadoras de riesgos, que sostienen que los ingresos del Estado caerán aún mas en el 2016 aumentándose el déficit fiscal y presupuestal y poniendo en riesgo la calificación de Colombia para acceder a nuevos créditos y por supuesto al aumento de las inversiones publicas (EL TIEMPO, Mayo 4-2015. Economía y negocios).
Para lograr su cometido el gobierno del presidente Santos se dispone continuar privatizando el patrimonio público con la venta de ISAGEN y entregando las riquezas naturales al gran capital para lo cual se han revivido en el plan de desarrollo algunas de las normas del antiguo código minero estableciendo nuevas reglas con las denominadas licencias exprés para facilitar la explotación del suelo y subsuelo en favor de las empresas minero-energéticas. De esta manera se podrán explotar dichos recursos incluyendo los que se encuentran en los páramos que nutren con sus aguas a varias regiones del país.
No hay que olvidar que en el Plan Nacional de Desarrollo quedaron plasmadas las orientaciones impuestas por la OCDE a la cual el presidente Santos aspira que Colombia sea recibida como miembro de la misma. Igualmente no hay que olvidar que el Congreso de la Republica no podrá modificar el plan de desarrollo en tanto que a través del mismo, el ejecutivo modificó el contenido de varias leyes.
Mientras se afirma que el citado plan se aprobó teniendo en cuenta los intereses y necesidades de las regiones, la mayor parte de los gobernadores y alcaldes se quejan de que los aportes que se han hecho al fisco nacional no se reflejan en obras prioritarias para los entes territoriales. Es el caso del Valle del Cauca que en los últimos cuatro años de los 42.9 billones aportados solo recibió 17 billones para su desarrollo.
Finalmente se puede afirmar que el plan de desarrollo conciliado en medio de un ambiente tormentoso y contradictorio, lejos de contribuir a resolver los problemas que afronta el país y el pueblo colombiano no deja de ser mas de lo mismo en cuanto a la continuidad de las políticas neo-liberales y asistencialistas que tan solo generan beneficios para un sector minoritario de la población, que en palabras del presidente Santos está destinado a ser el mas educado con equidad y paz, pero para el gran capital.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
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